La nueva ley de igualdad ha dejado algún rédito tras las elecciones

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parece decidido a pasar a la historia por la aplicación de leyes de tinte progresista. Primero vino el matrimonio gay y ahora la ley de igualdad que pretende equiparar las ventajas entre hombres y mujeres. Por el momento se ha dejado ver su efecto en la política. La aplicación de esta ley ha supuesto un aumento de unas 7.000 concejalas en los ayuntamientos tras las elecciones municipales del 27 de mayo. Se eligieron más de 23.000 concejalas, el 40 por ciento de los ediles de los nuevos gobiernos locales.

En cuanto a los parlamentos autonómicos, hay 39 mujeres más que en la anterior legislatura, la mayoría de ellas son del PP y esto es debido a que el partido conservador era el que más diferencia tenía en cuanto a la presencia de los dos sexos en sus listas. Ha tenido que ponerse al día para salvar esta diferencia.

Según el gobierno de Zapatero, la ley de igualdad pretende luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres. El texto obliga a los partidos políticos a que en sus listas el número de personas de cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40%.

Pero no solo se detiene en la política. Si en España tradicionalmente ha habido grandes diferencias en el uso de los permisos de paternidad y maternidad y, sobre todo, en los sueldos. Esta ley fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares; fija medidas para prevenir el acoso sexual en el trabajo; aborda los tratos desfavorables relacionados con el embarazo e impulsa que las grandes empresas abran sus Consejos de Administración a la participación de mujeres.

En el ámbito laboral, destaca, por ejemplo, el permiso de paternidad de 8 días, la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos (se considerarán cotizados los dos primeros años), la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación y la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un embarazo.

La conciliación de la vida familiar y laboral es un derecho, según contempla esta ley por lo que, paulatinamente, se tendrá que ver un cambio y una mejora, sobre todo, de cara a las trabajadoras femeninas, en las empresas. Inicialmente, como ocurre con todas las medidas, se aplicará al funcionariado. En la empresa privada tardará un poco más en verse pero poco a poco se ha de seguir la aplicación y actualización de esta ley pues supone un importante avance social.